Asociaciones animalistas se unen contra el refugio canino provincial que promueve la diputación. Protestas contra el modelo de gestión privada elegido por el organismo provincial
La perrera de Armenteira, en Meis, se construyó e inauguró con las aportaciones de la Mancomunidade de O Salnés y la Xunta para dar cobertura a las necesidades de la comarca, que ya cuenta con centros en Vilagarcía y Cambados. Desde entonces pasaron dos años, y los municipios implicados, reticentes a pagar el coste del centro, recurrieron a la Diputación provincial que dirige Rafael Louzán. Esta aceptó contribuir, pero optó por abrir la perrera a los municipios de menos de 50.000 habitantes de la provincia —todos menos Pontevedra y Vigo— y transferir la gestión a terceros. La idea espanta a las sociedades protectoras de animales, que ven inviable que un solo centro dé cobertura desde Lalín a Tui, y además están molestas con un modelo de negocio que implica ceder la explotación de las instalaciones al mejor postor.
“La perrera está pensada para 500 perros, y en la provincia hay más de 2.000. ¿Qué se va a hacer con los 1.500 restantes?”, empieza Olga Costa, responsable del Refugio de Animales de Cambados, asociación ligada estrechamente al origen de la perrera que teme una “masacre” canina. Cuando se construyó, la mancomunidad recurrió a ellos para pedir consejo e incluso, según la asociación, les adjudicó un concurso para su gestión del que ahora reniega, y que ha acabado en un juzgado de Pontevedra. “Rompieron el compromiso y se lo adjudicaron a la Diputación”, protestan.
A falta de que se publiquen los términos del concurso, en un borrador de convenio que el ente provincial ha remitido a los municipios se esboza el modelo de financiación. Consiste en que cada ayuntamiento que se adhiera ponga 30 céntimos por habitante, mientras que la Diputación cubra “lo necesario para alcanzar el tipo por el que se licite la adjudicación”, que según el propio ente estaría en torno al 40%. Dependiendo de los cálculos de unos u otros, el coste estaría entre 200.000 y 300.000 euros anuales.
El proyecto inicial para O Salnés, solo para la comarca, oscilaba entre 150.000 y 200.000 el primer año, con una reducción paulatina hasta ser autosostenible en un plazo de cuatro años. “Nuestro proyecto tuvimos que registrarlo, porque se querían apropiar de él. Queríamos usar los animales para terapias asistida o montar una guardería y con eso acabaríamos cubriendo costes, porque al ser una sociedad sin ánimo de lucro no tenemos tantos gastos de personal”, explica Sonia Prado, secretaria de la asociación de Cambados. “Con 300.000 euros al año solo se cubre personal y furgonetas”, aduce.
El borrador implica que los ayuntamientos se desentiendan de la gestión, que el Ayuntamiento cederá a una “empresa adjudicataria”, junto a las instalaciones remozadas en Meis. Esta cláusula es la que solivianta a las protectoras, que defienden un concurso que premiase su condición de entidades sin ánimo de lucro, algo que prevé la ley gallega de protección de animales. “Nosotros no estamos sujetos a la ley de contratos, se puede convocar un concurso restringido. No podemos hacer frente a cláusulas como las de abonar el 10% en concepto de fianza”, se queja Prado.
Louzán defiende que su opción es legítima y manda recados a los díscolos. “Nadie va a coaccionar la labor que debe hacer una Administración”, señaló sobre el asunto el viernes pasado, tras asegurar que el proceso para designar gestor será abierto y transparente”. «Hay dos posibilidades, no hacer nada y mirar para otro lado o hacer un proceso abierto para que todo el mundo se pueda presentar. Aquí lo sorprendente es que una empresa, cuando sacamos una obra a concurso quiere que el pliego de licitación sea a su medida”. Las palabras han sentado como un tiro en la asociación, que ha contraatacado recordando la frase que el presidente provincial les espetó, aseguran, en una reunión de hace meses: “A mí los perros me la sudan”.
Publicado originalmente en El País (Víctor Honorato) el 17 de septiembre de 2012
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